(Artículo escrito junto a Martintxo Mantxo e Iñaki Barcena del proyecto TRADENER)
Mucho se habla de la falta de democracia en Venezuela en los medios de comunicación, y poco o nada de esos países en los que se gestaron verdaderos “golpes de estado” y con lo que se está violando obviamente la democracia como Honduras, Paraguay o Brasil. El caso de Brasil es sangrante, por su dimensión, por ser una economía en ascenso (BRICS) pero también por el objetivo del propio golpe.
Bajo un velo de democracia encubierta, se urden sucias maniobras para introducir medidas neoliberales pero sobre todo para hacerse con sus ricos recursos. Estos corresponden sobre todo al campo energético, siendo el petróleo el principal de ellos. La venta de 4 bloques de petróleo el pasado 27 de octubre, un mes después de desprenderse de 4 centrales hidroeléctricas (27 de septiembre 2017), dan fe de ello.
Temer pretende querer conseguir 10 mil millones de dólares a partir de lapidar el patrimonio nacional. Lo ha bautizado como Programa Crecer. El 23 agosto 2017 amenazó con la privatización de 57 empresas públicas brasileñas, como la propia Petrobras, la compañía eléctrica Electrobras o el mismo banco nacional BNDES, y otras más pequeñas como la compañía de agua de Río, CEDAE, e infraestructuras como aeropuertos, autopistas o ferrocarriles.
A por el Pre-sal, el mayor yacimiento del mundo hallado en los últimos años
La estatal Petrobras descubrió en el 2007 el yacimiento del Pre-sal. Las cifras del petróleo que alberga son distintas, por la dificultad de confirmarlo y varían según fuentes, fechas, etc, pero se hablan de entre 100 mil millones de barriles y 170.000. Lo que está claro es que ha sido el mayor hallazgo de los últimos tiempos, que en esta época de pico de petróleo significa mucho. Para Brasil, unidas a las existentes reservas, supondrían unas reservas totales de 200 mil millones de barriles, que lo colocarían tras Venezuela (300,9 mil millones) y Arabia Saudí (266,5 mil millones).
En el caso de Petrobras, el gobierno de Temer ha firmado la ley 13.365/2016 (que se deriva del proyecto de ley 4567 aprobado en la era Dilma) que elimina la exclusividad que tenía esta petrolera estatal para explotar petróleo en Brasil, posibilitando que otras también puedan beneficiarse del yacimiento del Pre-sal. Transnacionales como Chevron y Shell serán las beneficiadas de la decisión. En el 2013 el gobierno de Dilma introdujo la Ley de las Regalías, del Pre-Sal, que establecía que el 75% de sus recursos se dedicaran a educación y el 25% a la sanidad. Sí al final del 2014 se destinarían 780 millones de euros procedentes del Pre-sal a esos dos sectores.
Este 27 de octubre el gobierno no elegido democráticamente de Michel Temer realizó la segunda y tercera ronda de licitación del Pre-sal en la que se subastaron 6 bloques [1], de los que dos no se vendieron. La primera ronda se realizó en el gobierno Dilma, en 2013, con la venta del Campus “Libra”. En ésta el gobierno se aseguraba el 80% y Petrobras el 40% del consorcio que compartía con Shell, Total y las chinas CNPC y CNOOC.
Estos 4 bloques vendidos contabilizan 12 mil millones de barriles de petróleo. Considerando que el precio del barril de petróleo está en 60 dólares, el valor de lo vendido puede sobrepasar los 720 mil millones de dólares. En cambio, el gobierno de Temer lo vendió por dos mil millones de dólares. Y ahora en cambio, Petrobras casi ni optaba a la subasta: sólo se le adjudicaron licencias de dos bloques en consorcio con otras empresas ostentando el 45% en uno (Entorno de Sapinhoá) y 40 % en otro (Peroba), que no eran los que más costaban.
Y también a por las hidroeléctricas, otra fuente de beneficios
A finales de septiembre se concretó la venta de 4 centrales hidroeléctricas de la empresa pública CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais), un total de potencia de 2,9 gigawatios. Se vendieron por un total de 3.230 millones de euros, con contratos de una duración de 30 años a la china State Power Investment Corp. (SPIC), la francesa Engie (x 2) y la italiana Enel. Como denunció Joceli Andrioli, integrante del Movimiento de los Afectados por Represas (MAB):
“todas estas hidroeléctricas ya están amortizadas, o sea, ya han sido pagadas a través de la cuenta de luz de la población durante 30 años o más. Ahora, están entregando esa riqueza del pueblo a los banqueros. ¿Y quién va a pagar la cuenta? El propio pueblo” [2].
El gobierno de Temer espera conseguir 7.800 millones de euros con la venta también de las 47 hidroeléctricas de la estatal Electrobras. Todas estas plantas consiguieron renovar sus licencias en el gobierno de Dilma, quien estableció como condición de la renovación una bajada en la venta del megawatio que producían, que en Brasil se equipara al petróleo, resultando mucho beneficio. Así se consiguió una reducción de la tarifa del 20%. Obviamente, las nuevas medidas supondrán lo opuesto: el encarecimiento de la luz.Al igual que hiciera con la ley 4567, la derogación del Código Forestal también tenía como fin el permitir a las transnacionales mineras y a empresas de agrocombustibles (energía) el acceder a espacios protegidos. De igual forma se privatizarán muchas compañías mineras y se brindará acceso a explotación a empresas transnacionales. En julio el gobierno de Temer modificó también 23 artículos del Código de Minería.
Un ataque general contra la sociedad brasileña
Pero además el gobierno no elegido democráticamente de Michel Temer supone muchos otros ataques a la sociedad brasileña y a anteriores conquistas. En la enseñanza, además de proponer la privatización, realiza recortes que ascienden a 1 billón de euros. Por eso, ahora que el gobierno de Temer plantea la venta de los yacimientos del Pre-sal, las organizaciones que configuran la Plataforma Operária e Camponesa de Energia (POCE) (entre ellas el MAB, o el MST, o los sindicatos CUT, SINDIPETRO-BA, etc) plantean que el dinero de ese petróleo se invierta en educación y en salud. Temer también terminará este año con las 93.000 bolsas Ciencias sin Fronteras que implementó el anterior gobierno. Y sobre todo pone en peligro la continuación de muchas universidades, mientras sus predecesores crearon 18 universidades y 400 institutos [3].
Las nuevas medidas también significan mayor precarización laboral, más tercerización y mayor paro: de 4’3% con Dilma ha crecido al 14%. A nivel de vivienda también aumenta la situación desesperada de muchas familias brasileñas, sobre todo con la eliminación del programa “Mi casa mi vida”. Hay que sumar también el reciente retroceso social en el combate a la esclavitud moderna. (Brasil fue el último país de América latina en abolira la esclavitud en 1888)
Mientras, su gobierno no está exento de casos de corrupción. Ahora van saliendo casos que son incomparables a lo que se usaron en el impeachment contra Dilma, desde sobornos a pagos de campañas electorales por empresas, o hasta el pago de personas que participaban en las marchas contra Dilma. Nada menos que 9 ministros están acusados de corrupción, otros 4 ex- ministros y otros 4 ex-asesores. A dos meses en el poder Temer ya había perdido un ministro por corrupción. El propio Temer también tiene una causa por ser conocedor de esas tramas de corrupción.
Otro de los casos que escandalizó también a la opinión brasileña fue el rompimiento de una represa de la minera Samarco (Vale y BP Billington) que provocó una tragedia ambiental y humana (19 muertos). La indignación es mayor cuando se conoce que con Temer en el gobierno no se han realizado juicios por estos crímenes, ni establecido castigos, ni multas ni tan siquiera ha existido una investigación. La situación deja clara la connivencia entre empresas y cargos políticos: la Vale es una de las financiadoras del partido de Temer. La benevolencia de Temer con los infractores ambientales es conocida y recurrente.
La sociedad brasileña se mantiene movilizada, como hicieran durante el golpe, sobre todo desde la POCE, desde el MAB que realizó muchas movilizaciones este octubre en torno a su 8º encuentro nacional, contra las privatizaciones de las hidroeléctricas, de Petrobras y contra la Vale. Pero la situación precisa mucho más. A nivel internacional este expolio debería tener más repercusión, sobre todo desde la izquierda. El 2018 se celebrarán nuevas elecciones.
Notas
[1] Areas licitadas: Alto de Cabo Frio Central (por 100 millones de dólares a un consorcio formado por Shell (55%), CNOOC (20%) y Qatar Petroleum (25%)), Peroba (consorcio formado por Petrobras (40%), la china CNODC (20%) y BP (40%)), Norte de Carcará (por mil millones de dólares al consorcio formado por Statoil (40%), Petrogal (20%) y ExxonMobil (40%)), Entorno de Sapinhoá (por 60 millones de dólares al consorcio formado por Petrobras (45%), Repsol Sinopec (25%) y Shell (30%)) y Gato do Mato (por 30 millones de dólares a consorcio formado por Shell (80%) y Total (20%). No se recibieron ofertas por Sudoeste de Tartaruga Verde y Pau Brasil.
[2] “Governo entrega hidrelétricas da Cemig a transnacionais estrangeiras” (mabnacional.org.br/noticia/governo-entrega-hidrel-tricas-da-cemig-transnacionais-estrangeiras)
[3] Brasil de Fato, Octubre 2017
